El IGAC sanciona a varios funcionarios por corrupción
La Dirección General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, ha iniciado un saneamiento institucional a nivel nacional para evitar casos de corrupción y ha implementado la metodología verbal para este tipo de procesos. Uno de los primeros funcionarios sancionados e inhabilitados por 12 años es un supervisor que avaló las funciones de un contratista que fueron cumplidas por otra persona que no reunía los requisitos exigidos. El segundo caso es de un funcionario que deberá cumplir una pena de dos años de prisión, impuesta por la Fiscalía.
10 de enero 2014 - El ojo está puesto en las 22 direcciones territoriales y el nivel central del Instituto. Desde marzo de 2013, el director general del IGAC, Juan Antonio Nieto Escalante, inició una auditoría general a todos los procesos catastrales, administrativos y financieros, encontrando funcionarios hasta con 17 casos disciplinarios abiertos y otros que han pasado a instancias penales.
“Esta Administración tiene un compromiso fundamental en la lucha contra la corrupción. No en vano tenemos el cuarto lugar de transparencia entre 5800 entidades del Estado, según el Informe INTEGRA de la Procuraduría General de la Nación. Por eso no vamos a dejar que algunos servidores enloden el nombre del Instituto”, afirmó Nieto Escalante.
Una de las primeras sanciones disciplinarias se dio en la territorial de Norte de Santander, donde se iniciaron las investigaciones por hechos irregulares en contratación. El caso específico obedeció a un contrato que se suscribe a un año por una persona que cumple los requisitos y el servicio es prestado por otra que no los reúne.
Una vez agotado el procedimiento de audiencia pública y aportadas las pruebas, se establece plenamente la responsabilidad del funcionario supervisor y con base en todo el acervo probatorio, se determina la destitución del funcionario y la inhabilidad por 12 años para ejercer cargos públicos.
Desde la dirección general del IGAC se han encontrado cerca de 300 procesos disciplinarios a nivel nacional, unos con un alto grado de prescripción. “Hemos realizado una revisión profunda del tema disciplinario para fortalecer las acciones e impulsar los procesos, pues sin ese impulso hacia el saneamiento institucional, las sanciones nunca van a llegar”, indicó Juan Antonio Nieto.
El IGAC ha implantado el mecanismo del procedimiento verbal establecido en la Ley 734 de 2002. Éste se adelanta en audiencia pública por parte de la Secretaría General con la garantía del debido proceso, se da el espacio para descargos y se practican todas las pruebas que se solicitan por parte de los investigados, facilitando la inmediatez y el acceso a inspecciones administrativas, en libros, registros y expedientes, lo que permite mayor agilidad en los procesos.
24 meses de prisión
En la dirección territorial de Nariño, un funcionario fue condenado por al Fiscalía a 24 meses de prisión por el delito de peculado por apropiación. “Esta administración recibió este proceso y otros que ya están en instancias penales. En la actualidad, estamos dando el debido impulso de estos casos en las diferentes direcciones territoriales. Si los funcionarios no respetan la institucionalidad, deben cumplir con sus sanciones, penales o disciplinarias”, aseguró el director general del IGAC.
El IGAC está adelantando verificación y seguimiento de estos procesos en todas las direcciones territoriales con sus unidades operativas, pero en total son cinco las que se ven más comprometidas por temas de corrupción. “No nos vamos a detener hasta dejar este instituto saneado y libre de personas que dañan el buen nombre del IGAC”, puntualizó Nieto Escalante.