El IGAC participó este lunes
en la inauguración del curso
internacional del que será
sede, resultado de la
cooperación de la entidad
con el Departamento
Nacional de Planeación
(DNP) y la Agencia
Internacional de Japón en
Colombia (JICA).
Fecha: Febrero 17 de 2014
En el curso, que comienza
este martes 18 de febrero,
participan 12 profesionales
de nueve países de la región
(Bolivia, Brasil, Costa Rica,
Ecuador, Guatemala,
Honduras, México, Perú y
Venezuela) y cinco
profesionales colombianos.
Adicionalmente, asistirán
diez profesionales
seleccionados por JICA–
Brasil.
En el acto de inauguración, Juan Antonio Nieto Escalante, director general del IGAC,
recalcó la importancia del catastro para detectar, entre otros factores, la especulación
de los costos del suelo (Ver discurso completo más abajo).
El primero en tomar la palabra fue Hidemitsu Sakurai, representante residente de la
Agencia Internacional de Japón en Colombia (Jica): “Vivo muy agradecido en este
país. Sin la ayuda del IGAC no sería posible este curso”.
De igual forma, Jaime Torres, Subdirector General Sectorial (DNP), explicó cómo la
planificación urbana es un tema coyuntural en Colombia, “porque gracias a ella es
posible pensar en la consolidación de la paz a través del uso del suelo. Este evento no
es sólo una oportunidad para el DNP sino para la institucionalidad colombiana”.
Otro de los encargados de destacar la importancia del curso fue Alonso Cárdenas,
representante del Ministerio de Vivienda. “Llevamos 20 años de cooperación para
fortalecer la política de desarrollo urbano”, explicó. Rosángela Correa, del Ministerio de
Relaciones Exteriores, y María Peña, de APC (Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia), también dieron la bienvenida a los asistentes.
Discurso de Juan Antonio Nieto Escalante:
Aportes del IGAC al desarrollo urbano
“Presento un cordial saludo a los participantes en este curso y agradezco en nombre
del IGAC su cooperación, que tendrá importantes repercusiones para el desarrollo
urbano del país.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el marco de sus competencias, tiene cuatro
importantes responsabilidades en la política integral del desarrollo urbano.
La primera, con su función catastral, base fundamental del impuesto predial, una de
las fuentes de financiación más importantes de la organización municipal. La segunda,
a través del conocimiento de la base natural de soporte y de la estructura de las áreas
urbanas, mediante la generación de cartografía básica, topográfica y de los estudios
agrológicos, geográficos y catastrales.
La tercera, con su participación y apoyo a los procesos de ordenamiento territorial. Y la
cuarta, a través de su rol de Coordinador de la Infraestructura Colombiana de Datos
Espaciales (ICDE), mediante la cual se facilita y procura la articulación, actualización
y consolidación a nivel nacional de la información sobre la localización de variables
como el uso del suelo, el espacio público, la infraestructura vial y de servicios,
equipamientos, viviendas, ecosistemas estratégicos y demás áreas protegidas, zonas
de riesgo, etc., y los sistemas de información sectoriales y territoriales
correspondientes.
Pensamos que una política integral de desarrollo urbano, a la cual contribuimos con
los cuatro aportes señalados, debe buscar que nuestras ciudades sean compactas,
sostenibles y equitativas. Ello plantea importantes retos no solo en materia de calidad
del hábitat, sino también del desarrollo económico y social.
Este desafío tiene componentes urbanísticos, de provisión de servicios públicos,
movilidad, espacio público, sostenibilidad del ambiente, gestión del riesgo de
desastres, financiación, entre otros muchos.
Cabe indicar que, en la experiencia colombiana, la generación de suelo urbanizable,
en las condiciones y cantidades óptimas, resulta fundamental. De allí la relevancia de
compartir experiencias y conocimientos en materia de los instrumentos de gestión del
suelo urbano.
Un asunto que requiere atención especial, mediante el estudio de casos tanto de
Japón como de Colombia, reside en la aplicación de los instrumentos de gestión del
suelo (ya sean estos planes parciales, reajustes de terrenos, participación en
plusvalías, etc.) que requieren como insumo fundamental la determinación del valor de
los inmuebles. De allí que el rigor técnico del proceso de determinación de avalúos y
su constante articulación con las políticas urbanas sea central para la implementación
de la política de vivienda y, particularmente, en la gestión de proyectos integrales de
desarrollo urbano.
Además, la información catastral no solamente provee los avalúos de los inmuebles,
sino que da señales valiosas que ayudan a la toma de decisiones. Mencionemos
algunas. Contribuye a identificar una posible burbuja inmobiliaria, al conocer los
patrones de cambio de los valores comerciales; permite identificar y comparar los
precios de los inmuebles entre las diferentes ciudades, lo que se constituye en una
excelente guía para la diferenciación espacial de políticas en cuanto a montos de
subsidios, por ejemplo.
Ayuda a delimitar zonas donde se presentan procesos de densificación producto de
cambios de casas a edificios, así como la intensidad de este proceso y la potencialidad
de generación de suelo por redensificación; determina las zonas con mayores
potenciales de valorización por sus condiciones en cuanto a dotación de servicios
públicos y zonas verdes, ubicación y cercanía con el sistema de transporte, entre
otras.
La información de avalúos catastrales también da señales para decisiones que podrían
tomarse para evitar que algunos ciudadanos oculten, detrás de la variable estrato, su
real capacidad de pago, teniendo predios de valor más alto localizados en zonas de
estratos bajos.
Una última decisión a la que el catastro procura información es la detección de
posibles prácticas de especulación con el valor del suelo, que podrían detectarse
cotejando la información catastral con las bases de datos de las licencias urbanísticas
y de construcción que expiden los municipios a través de sus oficinas de planeación o
curadurías.
Por otra parte, haciendo seguimiento a los tiempos transcurridos para el desarrollo de
los proyectos, una vez aprobadas las licencias de construcción, es posible identificar
aquellos promotores que demoran su ejecución, esperando que aumente su valor y así
obtener mayores rendimientos.
Por último, debo decirles que el IGAC tiene la voluntad, los conocimientos y la
estructura operativa para apoyar la transferencia de metodologías de valoración y su
aplicación en los instrumentos de gestión del suelo, incluyendo su soporte normativo y
de política, hacia multiplicadores en las regiones.
Espero que los participantes de este curso fortalezcan sus habilidades para transferir
estos conocimientos hacia otros funcionarios de las áreas técnicas de la Sede Central
que, a su vez, colaborarán en la necesaria capacitación de las Direcciones
Territoriales del IGAC en las materias señaladas.
De igual modo, esperamos que toda la experticia recibida contribuya a las
deliberaciones en las comisiones territoriales de ordenamiento territorial.
Les deseo los mayores éxitos en su trabajo académico”.